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Thursday, January 15, 2026

Buitres bolivarianos: “El Estado” es el Soberano (en nombre de “el Pueblo”)

 

Hay un truco retórico que se repite con puntualidad tropical: cuando el poder quiere quedarse con lo ajeno, no dice “robo”, sino “soberanía”. No dice “confiscación”, dice “recuperación”. No dice “casta”, dice “el pueblo”. Y, para que el teatro quede completo, inventa un enemigo útil: los “capitales buitres”.

El problema es que, en América Latina, los buitres más constantes no suelen venir de Wall Street: vienen con boina, uniforme o saco de burócrata, y aterrizan sobre activos productivos con el mismo apetito —pero con una ventaja: tienen decreto, tribunal domesticado y policía.


1) La inversión moral del relato: “buitres” vs. accionistas estafados

Cuando un gobierno expropia o estatiza sin respetar contratos, estatutos, indemnizaciones y debido proceso, la “víctima” no es una abstracción: son ahorristas, fondos de pensión, accionistas minoritarios y proveedores que confiaron —a veces ingenuamente— en reglas que luego se rompen.

El caso argentino de YPF es didáctico: la expropiación se presentó como soberanía energética, pero terminó convirtiéndose en un litigio por violación de los derechos de los minoritarios. En 2023, una jueza federal en EE. UU. ordenó a Argentina pagar US$ 16,1 mil millones a accionistas minoritarios (Petersen/Eton Park) por la forma en que se ejecutó la nacionalización.
La moraleja liberal es incómoda: no era “Patria vs. buitres”; era “Estado discrecional vs. propiedad y contrato”.


2) Public Choice: cuando “el Estado” no es “nosotros” sino “ellos”

La escuela de Public Choice (Buchanan & Tullock) parte de una idea simple y devastadora: la política no es “romance”; son incentivos. Los funcionarios, como cualquier otro actor, responden a beneficios y costos. Si pueden capturar rentas y socializar pérdidas, muchos lo harán.

En esa lógica, la expropiación se vuelve un instrumento perfecto:

  • Captura de renta: el Estado toma un activo con flujo de caja (petróleo, energía, banca, tierras, medios).
  • Reparto clientelar: ese flujo financia lealtades, subsidios discrecionales, “cajas” paralelas.
  • Blindaje institucional: se degradan los contrapesos (justicia, auditoría, prensa).
  • Resultado: cae la inversión, sube el riesgo país, se hunde el empleo formal, y el “pueblo” queda con inflación y pobreza.

Dicho en criollo: expropiar suele ser el atajo para gobernar sin productividad.


3) Cuatro laboratorios de rapiña “popular”

A) Argentina (kirchnerismo): soberanía con factura en tribunales

El kirchnerismo convirtió la épica de la “recuperación” en un costo fiscal y reputacional: el caso YPF terminó en una condena por miles de millones.

En paralelo, Argentina exhibe el patrón social típico del estatismo inflacionario: la pobreza se disparó al 52,9% en el primer semestre de 2024 y luego cayó al 38,1% en el segundo semestre de 2024, según el INDEC (con el debate metodológico habitual), lo que muestra la sensibilidad extrema del bienestar al ciclo inflacionario-ajuste.

B) Venezuela (chavismo): PDVSA como caja, y el país como ruina

Venezuela es el “manual” completo de captura de renta. La ENCOVI 2021 reportó un 94,5 % de pobreza y un 76,6 % de pobreza extrema (pobreza de ingresos).

Y mientras el discurso era anti-buitres, la corrupción se comía el corazón del sistema: un informe de Transparencia Venezuela sobre el esquema “PDVSA-Crypto” recoge estimaciones de dinero público involucrado entre US$ 13 y 16 mil millones, con referencias a cifras mayores en la prensa internacional.


“Socialismo del siglo XXI”, sí: socialización de la miseria y privatización de la renta.

C) Cuba (castrismo): confiscación total y pobreza extrema masiva

La “soberanía” de la dictadura cubana se edificó sobre la confiscación sistemática y la eliminación de la propiedad privada como motor. El resultado social reciente es brutal: el Observatorio Cubano de Derechos Humanos reporta que el 89% de los hogares vive en pobreza extrema (y umbrales de ingreso que, para un hogar de 3 personas, rondan US$ 171/mes para salir de esa condición, según la metodología difundida en las coberturas del estudio).

Cuando la propiedad desaparece, el ciudadano deja de ser agente económico y pasa a ser administrado.

D) Nicaragua (orteguismo): confiscación como disciplina política

En Nicaragua, la confiscación reaparece como herramienta contemporánea de control: estimaciones periodísticas señalan que las confiscaciones tienen un costo mínimo de US$ 250 millones.
Y el antecedente histórico de la “Piñata sandinista” ilustra el mecanismo clásico: activos públicos/privados transferidos a redes políticas antes de perder el poder.

 

4) Tabla comparativa: “expropiación” como tecnología de captura de renta

País / régimen

“Soberanía” declarada

Hecho verificable

Costo / resultado social (indicadores)

Argentina (YPF)

Recuperación energética

Fallo en EE. UU. por forma de expropiación/daños a minoritarios

US$ 16,1 mil millones (sentencia) + pobreza 2024: 52,9% 38,1% (INDEC, semestres)

Venezuela (PDVSA)

Renta petrolera “para el pueblo”

Trama PDVSA-Crypto: estimación de fondos involucrados

US$ 13–16 mil millones estimados + ENCOVI 2021: 94,5% pobreza, 76,6% extrema

Cuba (estatización total)

“Propiedad social”

OCDH: pobreza extrema generalizada

89% de hogares en pobreza extrema (2024–2025)

Nicaragua (Ortega-Murillo)

“Defensa de la revolución”

Confiscaciones de activos desde 2018

Costo mínimo estimado US$ 250 millones

 

 

 ¿Quién paga la factura?

Asi como la renta capturada con las expropiaciones va a parar a los bienes e ingresos de la casta gobernante -cuyos austeros estándares de vida se descubren cuando surgen fotos de los yates "Bandidos' (fallidos incluidos), estancias, Ferraris y propiedades -amen de la cuentas offshore que revelan los juicios-, las facturas por las "nacionalizacionres" van a parar a la deuda publica que pagan los inermes contribuyentes.

Esto, sin contar con los miles de empleos adicionales innecesarios que multiplican las plantas de las empresas "públicas" cuyos déficits también se convierten en deuda. 

He aquí algunas muestras recientes:

País

Política “soberana”

Resultado social

Argentina

Expropiación YPF

Condena judicial por US$ 16.100 millones + pobreza >50% en 2024

Venezuela

Estatización PDVSA

94,5% pobreza y tramas de corrupción por US$ 13–16 mil millones

Cuba

Eliminación de la propiedad privada

89% de hogares en pobreza extrema (encuestas en la isla)

Nicaragua

Confiscaciones selectivas

Expropiaciones > US$ 250 millones

 

Los "nacionalizadores" no combaten a los buitres: los reemplazan.

Donde el capital privado debería crear riqueza distribuida entre millones de accionistas y jubilados, emerge un capitalismo de Estado sin mercado, en el que una élite política se apropia del flujo de caja y lo disfraza de justicia social.

Y así, con cada decreto “soberano”, el ciudadano deja de ser propietario y pasa a ser súbdito.

Conclusión:

La soberanía no se construye con empresas estatales, sino con reglas, contratos y tribunales que se cumplan.

Cuando el Estado se declara soberano “en nombre del pueblo” para romper contratos y expropiar, lo que aparece no es una comunidad empoderada, sino una estructura extractiva: una minoría gobernante que captura renta, destruye inversión y deja una factura social que se ve en los datos de pobreza —no en los slogans.

Y entonces, sí: los relatos ideológicos se quedan sin poesía. A la hora de la verdad, mandan los números.

 

Referencias (APA)

Buchanan, J. M., & Tullock, G. (1962/1999). The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy. Liberty Fund.

INDEC. (2025). Encuesta Permanente de Hogares: incidencia de la pobreza y la indigencia (últimos reportes).

Observatorio Cubano de Derechos Humanos. (2025). VIII Estudio sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba.

PROVEA / ENCOVI-UCAB. (2021). La pobreza en Venezuela llega al 94,5 %.

Transparencia Venezuela. (2023). Reporte del esquema de PDVSA-Crypto (estimaciones de los fondos involucrados).

Associated Press; Reuters. (2023–2025). Cobertura del caso YPF y ejecución del fallo.

Confidencial (Nicaragua). (2024). Estimación del costo de confiscaciones. 

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