El gobierno de Colombia acaba de denunciar otro caso de fraude perpetrado por una ONG de abogados defensores de presuntas víctimas de paramilitares en la localidad de Mapiripam.
La ONG José Alvear Restrepo Colectivo de Abogados denunció en 2005 a las fuerzas armadas de Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no haber intervenido para evitar que en 1997 grupos paramilitares asesinaran a 49 campesinos en la localidad de Mapiripam.
La Corte ordenó al gobierno de Colombia pagar a los familiares sobrevivientes 8 millones de dólares, que fueron entregados a la ONG de abogados.
El gobierno del presidente Santos denunció el mes pasado que se había falseado deliberadamente el número de muertos para aumentar la indemnización y que por lo menos 36 de las supuestas víctimas están vivas y siguen en el campo sin habrse enterado de lo que cobraron en su nombre y que sólo 6 personas habían sido asesinadas en el incidente.
Los 49 beneficiarios, a su vez, sólo cobraron 4 millones de dólares en total, mientras que la ONG de abogados se quedó con otros 4 millones.
El escándalo alcanzó proporciones cuando uno de los familiares de presuntas víctimas, la Sra María Contreras Cruz, cuyo esposo fue asesinado por las FARC y por la que los abogados habían reclamado por la desaparición de dos de sus hijos supuestamente en la "masacre" de Mapiripam, declaró que (a) sus hijos estaban vivos y (b) que había hablado con el presidente de la ONG para devolver el dinero de indemnización pero que el abogado le había dicho que "lo dejara así"
La ONG Cajar pasa así a engrosar la larga lista de ONG que lucran con el fraude de los derechos humanos, mediante el sencillo trámite de multiplicar e inventar desaparecidos y luego cobrar juicios y subsidios en su nombre -en el mejor estilo de los abogados "cazadores de ambulancias"
Y que siguen estallando en todo el mundo, como prueba este caso de India -una estafa de varios miles de millones de euros-
Los abogados de la ONG colombiana pagarán por su crimen, mientras tratan torpemente de eludir el castigo judicial acusando a los campesinos que cobraron sin haber desaparecido de haberlos engañado -algo que recuerda a las acusaciones de Hebe de Bonafini contra su apoderado Shocklender o de ambos contra los obreros que no cobraron y protestaban en la Plaza de Mayo-
Los Comités Betancourt y la Asociación Madres de Plaza de Mayo se siguen salvando de explicar lo que pasó con el dinero que cobraron de gobiernos y para familiares de personas que nunca desaparecieron.
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