En 1853 Argentina estableció una Constitución Nacional republicana, democrática y que -inspirada en la Constitución Americana- consagraba los derechos y garantías fundamentales que serían refirmados casi 100 años más tardes por la Declaración de los Derechos del Hombre de las Naciones Unidas.
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La Constitución de Estados Unidos -sancionada en 1787- tuvo 10 enmiendas en 1789 -todas clarificaciones, no cambios o agregados- y luego otras 15 en los dos siglos siguientes. Las reformas introducidas en el siglo XX redujeron el poder presidencial -en 1951 limitando la reelección a 1 término- y de los partidos políticos -en 1913 elección directa de senadores- y extendiendo los derechos y garantias -en 1865 al abolir la esclavitud, en 1870 el voto para los negros y en 1920 para las mujeres-.
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Los Estados Unidos y Argentina, hermanados en la misma cuna constitucional, comenzaron a diverger en 1930. En Estados Unidos, la Constitución se mantuvo como la última defensa de la libertad personal contra los abusos estatales, y hasta el poderoso y popular Franklin Roosevelt fue derrotado en su intento de llenar su Suprema Corte de jueces adictos.
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En Argentina, en esa misma época, el fascismo copó el Estado para no abandonarlo y comenzó a reformar la Constitución para dar más poder al gobierno de turno y reducir la autonomía de los ciudadanos y su influencia en el gobierno.
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La Constitución de Argentina -sancionada en 1853- tuvo sólo 7 enmiendas iniciales -1860,1866 y 1898- y cuatro en la segunda mitad del siglo 20 -1949, 1957, 1972 y 1994-, dos de ellas introducidas por gobiernos de facto -57 y 72- y conservadas y una de ellas eliminada por gobiernos del mismo tipo -49-.
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Las reformas constitucionales argentinas, sin embargo, han afectado progresivamente la naturaleza de la división de poderes en dirección opuesta a la del texto original: ampliar los poderes del Presidente y de los partidos políticos, reducir los del Legislativo y el Judicial y -con el reciente "Congreso de la Magistratura"-
introducir un sistema corporativo en reemplazo del democrático: las listas "completas" o "sábanas" -en lugar de las incompletas- y las "bancas pertenecientes a los partidos" en lugar de a los representantes elegidos - articulo 38 de la reforma de 1994-, que a su vez se complementan con leyes como la de Partidos Politicos (23.298) que limita explícitamente la postulación a cargos públicos a los afiliados a partidos políticos "reconocidos".
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Los que se han beneficiado con las reformas han sido los partidos políticos, que actúan como electores directos de diputados (al no haber posibilidad de elegir individuos sino "listas" o "boletas" determinadas por partidos y estar el partido facultado para reemplazar a los elegidos por otros partidarios sin elección popular), eligen candidatos "a granel" -en relación con la población- en lugar de por distritos -como en Estados Unidos, Inglaterra y la mayor parte de Europa, donde cada distrito tiene sus diputados- y con la reforma de 1994, a través del Consejo de la Magistratura, pueden remover jueces o colocarlos.
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La ley 24937 usa un lenguaje astuto para disimular el peso de los partidos políticos en la designación de jueces, pero la mera consideración de las reformas previas y un poco de aritmética revela el cambio corporativista: 7 de los 13 miembros son directamente elegidos por diputados (3) y senadores (3) -que a su vez son "preelegidos" por los partidos políticos conforme a "internas" completamente "no reguladas" y habitualmente no democráticas (ejemplos: las que consagraron a Isabel Peron y a Cristina Kirchner candidatas de sus partidos-frentes) y el Poder Ejecutivo (1), con lo que se asegura el control al partido que gane las elecciones.
Este organismo, a su vez, garantiza la posibilidad -ejercida por el actual gobierno- de reemplazar miembros de la Corte Suprema y jueces a cargo de causas por jueces adictos, sellando el fin de la independencia del Poder Judicial.
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En Argentina rige de hecho, un estado corporativo fascista consagrado sutilmente en las reformas a la ley.
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La ley se adapta al comportamiento real de quiene gobiernan y quienes cometen delitos-por ejemplo, con ausencia de condenas o relajamiento de las leyes contra los delitos más frecuentes- redefiniendo los últimos -"delito" se transforma en "ilícito", éste en "transgresión", "castigo" o "pena" se transforma y dice "represión"- en lugar de al revés -el comportamiento adecuarse a las normas y leyes sancionadas.
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Se legalizan así la evasión impositiva -mediante "blanqueos" periódicos, ausencia de supervisión y castigo para evasores, penas ridículamente bajas para delitos comunes contra personas y propiedad y jurados con "puerta giratoria", policias con órdenes de "no reprimir" que a menudo colaboran con los delincuentes.
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El partido político en el poder en la Argentina de la Constitución de 1994 controla los 3 poderes por "default", ya que sus posibilidades de tener mayorías propias en las cámaras de diputados y senadores son altísimas por la existencia de "listas completas" determinadas por los partidos y por la disciplina partidaria que otorga poderes de hecho a los jefes partidarios por encima de cualquier jefatura legislativa -ejemplo: el acuerdo de Menem y Alfonsín en el Pacto de Olivos determinó estas reformas, luego votadas disciplinadamente por sus legisladores-
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Bajo estas condiciones, los partidos políticos y las corporaciones sindicales y empresariales son en realidad los poderes que gobiernan corporativamente el país, garantizando la imposibilidad de reformar nada en contra de quienes tengan el poder establecido en órganos intrínsecamente... antidemocráticos.
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Argentina no ha tenido elecciones internas disputadas en sus partidos desde Alfonsín contra Balbin en 1972 (recuerdan quién ganó?) y Menem contra Cafiero en 1988 (recuerdan cómo ganó?)
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Un candidato como Barack Obama -que derrotó a los Clinton en la interna -el equivalente de Peron o Kirchner americanos- con discursos, libros y donaciones ínfimas de miles de jóvenes sobre el Internet no hubiese nunca podido ser elegido en un partido político argentino. Tampoco Zapatero o Sarkozy o Blair. Ni siquiera Lula o Bachelet. Imposible en un sistema de "elección a dedo" que depende de los dígitos de uno o dos caciques por partido.
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Ninguno de los actuales diputados y senadores argentinos -por contraparte- hubiese sido elegido en Estados Unidos sin pasar por elecciones internas para candidatura a diputado o senador -como Obama tuvo antes de ser candidato por Illinois y Hillary serlo por Nueva York a pesar de su apellido-.
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La universidad degradada de los setentas -con interventores militares y cátedras paralelas y exámenes grupales- está hoy consagrada en la práctica antidemocrática del control por brazos de los partidos políticos y sindicatos.
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Argentina es hoy un estado fascista, donde las elecciones son simples plebiscitos entre el candidato que controlar los tres poderes y la caja y una "armada brancaleone" de alternativas que también expresan a corporaciones -iglesias, productores rurales, industriales-.
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Como le ocurre cada aproximadamente 10 años (tiempo promedio en que se agotan los recursos que extrae de privatizar o estatizar ingresos ajenos), el estado fascista ha entrado en una crisis acelerada, desmantelado por la inevitable corrupción que desata su ausencia de controles, desguazando los pocos activos mediante combinaciones de "reestatización" y "renacionalizacion" (eufemismo para entrega de empresas "estatizadas" a empresarios amigos y testaferros) y se apodera de ahorros e ingresos mediante la expropiación de jubilaciones privadas y retenciones e impuestos a las exportaciones de carácter obligadamente confiscatorio.
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La desaparición de la justicia independiente, el control policial del cumplimiento de la ley y la cesión del control de la calle a grupos de choque ha abierto la última etapa de degradación social: la dictadura del lumpenproletariado, que controla un 35% del PBI (56 mil millones de tráfico de drogas, 6 mil millones de prostitución, 15 mil millones de juego) y las calles, ahuyentando la actividad productiva legal y reemplazándolas con "Saladas", "top mantas" y circuitos de reventa de lo robado como la calle Warnes o los costados del Acceso Norte de la ciudad.
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Todas las condiciones están dadas en la Argentina no para un retorno a la democracia constitucional de la Constitución de 1853, sino para una súbito y popular cambio pendular del régimen neofascista hacia gobiernos que apliquen "mano dura" para restaurar un mínimo de garantías de seguridad pública para el trabajo y la inversión.
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Más temprano que tarde, esta Argentina autoritaria e insostenible entrará en implosión.
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Referencias
- La Nacion (2009) La jueza Servini de Cubría denunció que hallaron un micrófono en su despacho.La magistrada lo vinculó con investigaciones que está llevando sobre el financiamiento de la campaña electoral; "Lo tomo como una intimidación", afirmó
- Morales, J.P. (2009) Los intendentes llenarán las listas de familiares
Es la opción para no competir para concejales, como pide Kirchner. La Nación - Alconada Mon, H. (2009) Obras y clientelismo, dos claves para sumar votos
- Lladós, J.I. (2009) Enfrentados por el conurbano. La Nación
- La Nacion (2009) El Consejo de la Magistratura vota en bloque para proscribir a un adversario electoral de Kirchner
- La Nacion (2009) Crece la presión para reformar el Consejo de la Magistratura tras la derrota electoral de Kirchner
- Pagni, C. (2009) Facultades delegadas, una bomba de tiempo. La Nación
- Ventura, A. (2009) Los límites de una reforma inexorable. La Nación
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2 comments:
Las contorsiones a la Constitución de 1853 concretadas para anular los controles y asegurar la hegemonía de grupos mafiosos es tan evidente como silenciada. Este artículo pone en evidencia una de las raíces de la decadencia brutal experimentada por la Argentina desde 1930.
Es interesante lo que hace notar este artículo: las reformas de 1972 y 1994 al dar las bancas y la preselección de candidatos y jueces a los partidos revirtieron el sistema electoral a antes de la Ley Saenz Peña, haciéndolo indirecto: nadie puede ser juez, diputado o presidente sin la venia de un partido previamente mayoritario. Y a diferencia de los electores de 1853, que si eran elegidos directamente, los actuales no tienen que pasar por ninguna primaria competitiva.
Excelente articulo, Ortega.
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